En su presentación ante la Cámara de Diputados, el jefe de Gabinete evitó precisar el origen de los fondos para la compra de propiedades y el financiamiento de viajes en aviones privados. El funcionario remitió las explicaciones a anexos reservados y a las causas judiciales en trámite por enriquecimiento ilícito.
Manuel Adorni cumplió con su primer informe de gestión por escrito ante el Congreso, pero sus respuestas dejaron más interrogantes que certezas en los capítulos referidos a su ética pública. A lo largo de casi 2.000 páginas, el jefe de Gabinete nacional desplegó una estrategia defensiva para esquivar las consultas de la oposición sobre presuntas omisiones en su declaración jurada y sus vínculos con empresarios, bajo el argumento de que se trata de asuntos de carácter «personal» o protegidos por el secreto judicial.
El eje más polémico del documento fue la justificación de su patrimonio. Ante las denuncias por la falta de declaración de un inmueble en un exclusivo country y un departamento en Caballito, Adorni se limitó a señalar que los bienes de su grupo familiar constan en anexos reservados, accesibles únicamente para los magistrados que investigan su presunto enriquecimiento ilícito. No hubo, por parte del funcionario, una aclaración pública sobre cómo financió dichas adquisiciones, derivando toda la responsabilidad probatoria a los tribunales.
Similar postura mantuvo respecto a su polémico viaje a Punta del Este en avión privado durante el Carnaval de 2026. A pesar de la contradicción entre su versión —donde afirmó haber pagado el traslado— y la del piloto —quien declaró que el costo fue cubierto por el empresario Marcelo Grandío—, Adorni insistió en que el Estado no realizó pagos y que no existen registros de dádivas ante la Oficina Anticorrupción. Asimismo, desestimó preguntas sobre su gestión previa como vocero presidencial, alegando que no forman parte de su competencia actual en la Jefatura de Gabinete.
En relación a causas sensibles como la investigación por la criptomoneda $Libra y los supuestos fraudes en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), el informe remitió sistemáticamente a las fiscalías intervinientes. Adorni cuestionó la veracidad de las filtraciones periodísticas y negó cualquier vínculo contractual del presidente Javier Milei con los impulsores del activo digital. Mientras el oficialismo destaca la amplitud temática del informe, la oposición critica lo que considera una falta de transparencia en los puntos que afectan la integridad del segundo cargo más importante del Ejecutivo.
