La Dirección de Comercio Interior aplicó una multa de $5,7 millones tras detectar cobros indebidos y la incomparecencia de la entidad ante el organismo. El damnificado había denunciado el robo de su tarjeta, pero le siguieron debitando compras.
En un fallo que busca sentar un precedente sobre la responsabilidad de las entidades financieras, la Dirección de Comercio Interior de Tucumán sancionó al Banco Ciudad con una multa superior a los $5,7 millones. La medida surge tras comprobarse una serie de irregularidades en perjuicio de un cliente local y, fundamentalmente, por la actitud de la entidad de no presentarse a las instancias de conciliación obligatorias convocadas por el Estado provincial.
El conflicto se originó cuando el consumidor, identificado como Guillermo Fernando Blanch, denunció el extravío de su tarjeta de crédito. A pesar de haber realizado el bloqueo de manera inmediata, meses después descubrió que el banco continuaba debitando compras que él no había realizado.
La situación para el usuario fue más allá del perjuicio económico directo (unos 28 mil pesos en cargos indebidos), ya que la falta de resolución del banco derivó en problemas en su situación crediticia y reportes negativos ante el Banco Central de la República Argentina (BCRA).
Incomparecencia: el agravante clave
Desde el organismo provincial, encabezado por el director Manuel Canto, remarcaron que uno de los puntos más graves fue la «falta de voluntad» del banco para solucionar el conflicto. La entidad financiera no asistió a las audiencias de conciliación, una conducta que fue calificada como una vulneración a los derechos de los ciudadanos.
“Cuando existe un organismo del Estado que protege a los consumidores, es fundamental que las empresas comparezcan. No se puede ignorar el reclamo de la gente ni menospreciar el trabajo conciliatorio”, señalaron desde el área técnica del organismo.
Política de «primero los tucumanos»
La sanción se enmarca en las directivas del gobernador Osvaldo Jaldo y el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, para endurecer los controles sobre las prestadoras de servicios. Canto destacó que la premisa de la gestión es clara: “Seguimos cuidando a los tucumanos; el objetivo es promover una mayor responsabilidad por parte de las entidades financieras que operan en la provincia”.
Este fallo no solo representa un resarcimiento simbólico para el denunciante, sino que funciona como una advertencia para el resto del sector financiero: el incumplimiento de las normativas de Defensa del Consumidor y el desinterés por las mediaciones oficiales tendrán un costo económico significativamente mayor que el monto original del conflicto.
