Un proyecto de ley busca que las presentaciones anónimas tengan mayor jerarquía y plazos de investigación más estrictos. La iniciativa pretende centralizar las actuaciones en la Digedrop para evitar que las alertas de los barrios queden sin respuesta judicial.
Legisladores provinciales presentaron un proyecto para modificar la actual Ley de Narcomenudeo con el objetivo de dotar de mayor velocidad y transparencia a la lucha contra el tráfico de drogas en los barrios. La propuesta, encabezada por Gerónimo Vargas Aignasse junto a otros parlamentarios, establece un protocolo rígido para que las denuncias anónimas de los ciudadanos deriven en investigaciones profesionales obligatorias, eliminando los circuitos informales que hoy dilatan los procesos.
La reforma plantea cinco ejes fundamentales para reordenar la respuesta estatal. En primer lugar, se establece que cualquier denuncia recibida por la Policía debe ser comunicada de forma inmediata al Ministerio Público Fiscal para garantizar su trazabilidad. Posteriormente, estas causas deberán ser derivadas a la Dirección General de Drogas Peligrosas (Digedrop), asegurando que personal especializado sea el encargado de llevar adelante las pesquisas en un plazo máximo de cinco días hábiles.
Uno de los puntos centrales del proyecto es la validación de la denuncia del vecino como punto de partida, pero bajo un estricto control de legalidad. Según los fundamentos, se busca evitar que la denuncia anónima sea una habilitación automática para medidas invasivas; por el contrario, se exige una corroboración objetiva previa que respete el debido proceso. Con esto, se pretende que el sistema pase de encontrar droga «por casualidad» en otros procedimientos a perseguir activamente los puntos de venta identificados por la comunidad.
Los legisladores fundamentaron la urgencia de estos cambios señalando que el narcomenudeo ha instalado una lógica de degradación en las familias tucumanas. «Detrás de cada punto de venta hay una red de captación de jóvenes y pérdida de horizontes», explicaron. El proyecto también contempla mecanismos para medir resultados e identificar fallas institucionales, buscando que el Estado sea eficaz frente a un fenómeno que financia estructuras criminales territoriales.
La iniciativa ahora deberá ser debatida en las comisiones de la Legislatura. De aprobarse, marcaría un cambio de paradigma en la implementación de la ley vigente desde 2022, otorgando a los jueces del Colegio de Jueces un rol más activo en el control de las medidas solicitadas por los fiscales, siempre bajo la premisa de limpiar los barrios de los denominados «quioscos» de sustancias prohibidas.
