A través del Decreto 315/2026, se reglamentó el esquema que ofrece rebajas en contribuciones patronales por hasta cuatro años. El plan busca blanquear a trabajadores informales y desocupados, aunque abre el debate sobre el desfinanciamiento de la seguridad social.
El Gobierno nacional puso en marcha el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), una de las piezas centrales de la Ley de Modernización Laboral. Con el objetivo de reducir el empleo «en negro», el esquema otorga beneficios impositivos drásticos a las empresas que contraten personal bajo condiciones de informalidad previa o desempleo prolongado. La medida, oficializada este mayo de 2026, busca transformar planes sociales y trabajo precario en empleo registrado mediante una poda en las alícuotas que los empleadores deben pagar al Estado.
El beneficio consiste en una reducción de las contribuciones patronales durante un período de 48 meses (cuatro años) para cada nuevo contrato iniciado entre mayo de 2026 y abril de 2027. Las empresas podrán pagar alícuotas de apenas el 2% o 3%, cifras sensiblemente inferiores a las del régimen general. El plan está diseñado específicamente para absorber a personas que no hayan tenido empleo registrado al 10 de diciembre de 2025, desocupados de larga data (más de seis meses) y ex monotributistas.
Para los trabajadores, la formalización implica el acceso inmediato a aportes jubilatorios, obra social y asignaciones familiares. Sin embargo, el RIFL también presenta «zonas grises» que generan cautela en sectores gremiales y previsionales. Por un lado, se permite que las empresas tengan hasta el 80% de su plantilla bajo este régimen de bajo costo, lo que podría incentivar la sustitución de empleados antiguos por nuevos beneficiarios. Por otro lado, la marcada quita de aportes plantea interrogantes sobre cómo se sostendrá el sistema jubilatorio a largo plazo ante una menor recaudación.
La implementación quedará en manos de la ARCA (ex AFIP), que fiscalizará que las empresas no cometan abusos para acceder al beneficio. El Ministerio de Capital Humano, por su parte, coordinará la transición de quienes cobran programas sociales hacia el mercado formal. Se aclaró que este esquema no es acumulable con otros beneficios vigentes, obligando a los empleadores a optar por la herramienta que más les convenga según el perfil de su nómina.
Con el RIFL, el oficialismo intenta dinamizar un mercado laboral estancado mediante el alivio fiscal directo. El éxito de la medida dependerá de que las empresas perciban el incentivo como suficiente para asumir el compromiso de un contrato por tiempo indeterminado, en un contexto económico donde la rentabilidad y la estabilidad siguen siendo las principales variables de decisión para el sector privado.
