El trabajo elaborado por especialistas del BID analiza los registros nominales y el mapa normativo desigual de las provincias, señalando que la falta de presencialidad desploma el rendimiento académico de los estudiantes.
El documento, titulado “Asistencia escolar y políticas para el sostenimiento de trayectorias” y elaborado por los investigadores Juan Suasnábar, Tamara Vinacur y Silvina Alegre en julio de 2026, propone un marco de cuatro pilares para que las escuelas utilicen el dato de asistencia como una herramienta central de alerta temprana. El trabajo combina relevamiento bibliográfico, procesamiento de evaluaciones estandarizadas y un análisis normativo en cinco provincias argentinas, concluyendo que el ausentismo no es un problema marginal, sino un factor que impacta con dureza en comparación con el resto de América Latina.
Un problema que empieza temprano y atraviesa niveles
Según datos del Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE 2019) de la UNESCO, Argentina exhibe una de las mayores incidencias de inasistencia en el nivel primario: el 46% de los alumnos de 3° grado y el 50% de los de 6° grado se ausentaron dos o más veces en el mes previo a la evaluación (lo que equivale a perder al menos el 10% del tiempo lectivo mensual).
El fenómeno se profundiza en la secundaria. De acuerdo con el operativo nacional Aprender 2022 —aplicado a más de 400.000 estudiantes del último año del nivel medio—, el 44% de los alumnos faltó 15 días o más durante el ciclo lectivo, perdiendo un mes completo de clases, mientras que apenas un 4% aseguró no haber faltado nunca. A nivel geográfico, el informe detalla que la provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Tierra del Fuego concentran los niveles más altos y graves, en contraste con Jujuy, San Juan y Santiago del Estero.
El costo directo en los aprendizajes y el riesgo de abandono
Los datos sobre el impacto académico son contundentes. Conforme al ERCE 2019, los estudiantes argentinos con ausentismo recurrente obtienen hasta 28 puntos menos en Matemática de 6° grado que aquellos con asistencia regular, marcando la brecha más amplia entre los 17 países evaluados. Por su parte, la evaluación internacional PISA 2022 confirma que los jóvenes de 15 años que faltaron al menos a una clase en las dos semanas previas muestran un rezago de entre 15 y 22 puntos en lectura, matemática y ciencias, una diferencia que supera los 40 puntos cuando las ausencias se extienden por más de tres meses.
Además, el análisis de registros administrativos individuales (como el SInIDE) citado en el estudio identifica un grupo de “desvinculación progresiva”, cuyas faltas aumentan de manera sostenida hasta cortar la presencialidad: en este sector, la probabilidad de no matricularse al año siguiente trepa al 55%, y las calificaciones promedio caen a 3,2 puntos sobre diez. En 2025, el especialista Alejandro Ganimian (visitante de la Universidad de Nueva York y Harvard) advirtió al respecto que los estudiantes con mayor inasistencia suelen presentar hábitos de estudio menos consistentes y problemas de disciplina.
Cuatro pilares para actuar sobre el dato
Frente a este escenario heterogéneo —donde las normativas provinciales exhiben criterios dispares que van desde regímenes punitivos hasta esquemas de acompañamiento con tutorías—, el BID propone estructurar las políticas públicas en cuatro dimensiones interdependientes:
- Gobernanza: Cómo se define y regula normativamente la asistencia.
- Indicadores y umbrales: Qué métricas utilizar y en qué momento activar las alertas.
- Sistemas de información: Cómo adecuar la tecnología para capturar y devolver los datos de forma oportuna.
- Protocolos de intervención: Qué respuestas pedagógicas concretas se despliegan ante la inasistencia.
Los autores concluyen que contar con plataformas digitales sofisticadas resulta insuficiente si no se establecen protocolos claros que traduzcan las alertas tempranas en un acompañamiento real para las trayectorias de los estudiantes.
