La Justicia tucumana amplió la imputación contra Romina Vanesa Sanavria, acusada de una seguidilla de delitos que incluyen el saqueo de cuentas bancarias, la obtención de créditos personales y compras millonarias utilizando la identidad de una mujer a la que le había sustraído sus documentos.
La Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, encabezada por Diego Alejo López Ávila, logró sumar nuevas pruebas en la causa contra Romina Vanesa Sanavria, quien permanece bajo prisión preventiva por haber perpetrado una sofisticada cadena de delitos durante el primer semestre de 2026. La mujer fue descubierta tras intentar un nuevo fraude en una sucursal bancaria, donde fue reconocida por personal de seguridad tras realizar extracciones sospechosas.
Todo comenzó el 26 de enero, cuando la víctima perdió un portadocumentos en la zona de Junín y El Bajo. Sanavria, en lugar de restituir los elementos, inició un proceso sistemático de suplantación de identidad que incluyó el acceso ilícito a recibos de sueldo desde la plataforma estatal DIGITUC y la falsificación de firmas en contratos crediticios. Según los cálculos de la fiscalía, la acusada logró obtener múltiples préstamos, vació cuentas y realizó compras en comercios locales que superan ampliamente los 20 millones de pesos en perjuicio de la damnificada y distintas firmas comerciales.
La imputada operaba mediante un esquema bien definido: presentaba el DNI original de la víctima en comercios y bancos, simulaba ser su titular y, tras engañar al personal de atención, gestionaba créditos que nunca abonaba. En abril, la maniobra se intensificó con dos nuevos hechos: la solicitud de un crédito por más de 2,7 millones de pesos en un local de calle Muñecas al 100 y otro préstamo por casi 3 millones de pesos gestionado vía WhatsApp en una financiera de calle Catamarca al 200.
El raid delictivo terminó el 8 de mayo, cuando Sanavria fue aprehendida tras intentar extraer dinero en una sucursal bancaria de avenida Alem y Las Piedras. La mujer enfrenta ahora una batería de cargos que incluyen defraudación, uso de documento público ajeno, falsificación de instrumentos privados y estafa por nombre supuesto. Mientras la investigación continúa, el juez de la causa ratificó la prórroga de su prisión preventiva por otros 60 días, ante el riesgo de entorpecimiento y la gravedad de las maniobras documentadas por el Ministerio Público Fiscal.
