La institución deportiva enfrenta una amenaza de desalojo inminente luego de que el Gobierno provincial vetara la ley de expropiación del terreno que ocupan. Con una trayectoria de 24 años brindando contención social, la dirigencia busca contrarreloj una solución política para evitar el cierre.
El destino del San Isidro Rugby Club pende de un hilo tras la decisión del Ejecutivo de frenar la declaración de utilidad pública de sus instalaciones en Lules. La medida administrativa dejó al club en una situación de vulnerabilidad extrema frente a los propietarios privados del inmueble, quienes ya notificaron formalmente la exigencia de restituir las 6,4 hectáreas donde se desarrolla la actividad deportiva.
El conflicto escaló luego de publicarse el decreto que anuló el proyecto de expropiación, fundamentado en políticas de austeridad estatal. Ante este panorama, la firma dueña del predio envió una carta documento estableciendo un plazo de 15 días para el abandono del lugar. Celso Manzano, titular del club, manifestó su profunda preocupación y advirtió que la pérdida de la sede pondría en riesgo años de inversión en infraestructura, que incluyen vestuarios, iluminación de tecnología LED y sectores de esparcimiento levantados con el esfuerzo de la comunidad.
Fundado en 2002 en una zona con fuerte arraigo futbolístico, el club se consolidó como el único referente del rugby en Lules, albergando hoy a unos 250 jugadores de diversas categorías. Más allá de lo deportivo, la institución cumple una función social crítica, funcionando como un espacio de alimentación y refugio para jóvenes en situación de vulnerabilidad. Actualmente, la comisión directiva agota instancias de diálogo con la Intendencia local y la Unión de Rugby de Tucumán para mediar con los propietarios.
La incertidumbre domina el clima en los entrenamientos, mientras los abogados de la entidad analizan la presentación de recursos judiciales para ganar tiempo. La meta de los socios y familias es clara: impedir que el cese de las actividades deje a cientos de niños en la calle, apostando a un consenso que priorice el valor social del club por encima de la disputa inmobiliaria.
