El operativo se realizó este viernes al mediodía en el edificio de calle San Juan al 1.300. La Justicia investiga presunta administración fraudulenta tras una denuncia presentada por un empresario del propio sector. Secuestraron documentación contable clave.
La sede de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT) se convirtió este viernes en el escenario de un sorpresivo operativo judicial. Cerca de las 11:00, efectivos policiales y personal de la Fiscalía Especializada en Ciberestafa y Administración Fraudulenta irrumpieron en el edificio céntrico para recolectar pruebas en el marco de una causa que sacude los cimientos de la entidad. La investigación se originó por una denuncia penal que apunta directamente contra la cúpula que maneja el transporte público en la provincia.
El procedimiento, ordenado por la Fiscalía Nº 2, se centró en la búsqueda de registros contables, actas de asambleas y archivos digitales. Según confirmaron fuentes judiciales, la denuncia fue radicada por el empresario Sergio Gómez Sansone, quien acusa a las autoridades de la asociación de irregularidades en el manejo de fondos y administración fraudulenta. El hermetismo fue total durante las horas que duró el despliegue policial en calle San Juan al 1.300.
El impacto de esta medida es significativo, dado que AETAT es la encargada de negociar subsidios, tarifas y paritarias del sector con el Gobierno y el municipio. Los investigadores buscan determinar si existieron desvíos de fondos o maniobras para perjudicar a socios de la entidad mediante registros contables alterados. «El objetivo es el secuestro de toda la documentación que pueda resultar determinante para el avance del expediente», señalaron desde el entorno de la fiscalía.
Hasta el momento, las autoridades de AETAT no han emitido un comunicado oficial respecto al allanamiento. El clima dentro de la asociación es de máxima tensión, mientras los peritos analizan los documentos secuestrados para establecer si los hechos denunciados por Gómez Sansone tienen sustento en los libros oficiales de la institución.
La causa promete nuevos capítulos en los próximos días, ya que el análisis de la documentación podría derivar en citaciones a declarar para los principales directivos del transporte tucumano. Mientras tanto, la atención pública permanece fija en el edificio de calle San Juan, a la espera de definiciones que podrían cambiar el mapa del poder empresarial en uno de los servicios más sensibles para la comunidad.
