Mediante el decreto 1680/3, la administración de Osvaldo Jaldo oficializó el acuerdo firmado con el ministro Luis Caputo en el marco del REOR. El pacto incluye el desistimiento de juicios iniciados en 2019 por recortes de IVA y Ganancias.
El Gobierno de Tucumán oficializó su decisión de desistir de dos demandas judiciales iniciadas contra el Estado nacional ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La medida se concretó formalmente a través del decreto provincial 1680/3 (MEyP), firmado en julio y publicado recientemente en el Boletín Oficial, el cual aprueba el convenio celebrado el pasado 23 de julio entre el ministro de Economía provincial, Daniel Abad, y su par nacional, Luis Caputo.
El entendimiento se inscribe dentro del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR), impulsado por la Nación para regularizar deudas y créditos pendientes con los distritos del país. Asimismo, el pacto le permite a la administración tucumana cumplir con las condiciones exigidas para acceder al esquema de anticipos financieros autorizado en abril por el decreto nacional 219/2026, destinado a asistir a 12 jurisdicciones con un fondo global de hasta $400.000 millones.
El origen del conflicto y las medidas cautelares de 2019
Las acciones legales que ahora quedarán formalmente archivadas se remontan a 2019, cuando el entonces gobierno de Mauricio Macri dispuso modificaciones tributarias a través de los decretos 567/2019 —que fijó una alícuota del 0% de IVA para determinados alimentos— y 561/2019, que introdujo cambios en el Impuesto a las Ganancias, el Monotributo y los aportes previsionales. En aquel momento, la Provincia cuestionó que el costo fiscal de dichas medidas recayera sobre los recursos coparticipables.
Bajo la asesoría de la Fiscalía de Estado, encabezada por Gilda Pedicone, Tucumán logró obtener dos medidas cautelares favorables por parte de la Corte Suprema en octubre de 2019, obligando a la Nación a afrontar con fondos propios la caída en la recaudación. Sin embargo, tras la firma del Consenso Fiscal 2020, los expedientes quedaron suspendidos y, con su posterior derogación, el Ejecutivo consideró cumplidos los objetivos de la cautelar.
Si bien el convenio no especifica el monto exacto que percibirá la Provincia producto de la compensación, la decisión se alinea con la estrategia nacional para reducir la litigiosidad: según el proyecto de Presupuesto 2027, el REOR ya permitió desactivar 37 procesos judiciales iniciados por diferentes provincias, cerrando de este modo un capítulo clave en las tensiones fiscales entre el interior y la Rosada.
