Tras su participación en el COFESA, la doctora Hortensia Juárez detalló el trabajo territorial que realiza la Junta provincial y el rol clave del sistema sanitario en el acceso a pensiones no contributivas.
Durante la primera jornada de la reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA), uno de los ejes centrales fue la situación de las personas con discapacidad, analizando las políticas de certificación, las pensiones no contributivas y los fondos nacionales destinados al sector. Invitada por el ministro de Salud pública, Luis Medina Ruiz, la doctora Hortensia Juárez, directora de la Junta de Evaluación de Discapacidad de Tucumán, detalló los alcances del trabajo provincial en el área.
«Tenemos 57.000 certificados activos», confirmó Juárez, al tiempo que precisó que por la Junta pasan diariamente entre 150 y 200 personas, emitiéndose entre 80 y 100 documentos por día. La funcionaria remarcó que el Certificado Único de Discapacidad (CUD) otorga validez nacional y abre el acceso a derechos fundamentales para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
Descentralización y prestaciones en el territorio
El organismo provincial no concentra su atención únicamente en la capital tucumana, sino que despliega operativos hacia el interior provincial mediante un hospital móvil, comunas y municipios. En paralelo, la provincia cuenta con una amplia red de centros de día, espacios educativos terapéuticos y servicios de apoyo destinados a la integración escolar.
Pensiones no contributivas y fondos nacionales
Otro de los puntos evaluados en el COFESA fue la intervención del sistema sanitario en la gestión de las pensiones no contributivas. Juárez explicó que el Ministerio de Salud cumple un rol fundamental en la carga de los Certificados Médicos Oficiales (CMO). Aquellas personas que no disponen del CUD pueden acceder al beneficio acreditando una situación de vulnerabilidad social y un porcentaje de discapacidad del 66% o superior.
Finalmente, la directora se refirió al FONADIS (Fondo Nacional para Personas con Discapacidad), destinado a financiar ayudas técnicas —como computadoras o prótesis— y recursos orientados a optimizar los servicios de rehabilitación a partir de la presentación y evaluación de proyectos específicos.
