Un informe contable expone pendientes millonarios de dirigentes clave como José Cano y Silvia Elías de Pérez. La Junta Electoral deberá definir el impacto de la situación a pocos días de los comicios internos del 20 de septiembre.
La interna de la Unión Cívica Radical (UCR) de Tucumán sumó un nuevo foco de tensión que amenaza con alterar el cronograma electoral previsto para el próximo 20 de septiembre. La oficialización de las listas quedó bajo la lupa de la Junta Electoral a partir de un informe contable que detalla el incumplimiento en los aportes partidarios por parte de dirigentes que ocupan cargos legislativos y que aspiran a conducir el partido, el cual busca dejar atrás un período de intervención superior a un año.
El documento, remitido el 2 de septiembre por la administración partidaria y la Junta de Hacienda, detalla los saldos pendientes correspondientes a los ejercicios comprendidos entre 2022 y 2026, amparándose en la Carta Orgánica. Entre los nombres de mayor peso que figuran en el relevamiento se encuentran los legisladores José Manuel Cano y Silvia Elías de Pérez.
Los montos bajo la lupa
De acuerdo con la documentación oficial, José Manuel Cano acumula un rojo total de $11,9 millones ($1,9 millones de 2023/2024, $6,2 millones de 2025 y $3,9 millones devengados hasta mayo de 2026). Por su parte, Silvia Elías de Pérez registra una deuda total de $10,1 millones, dividida entre los períodos 2025 y lo que va del corriente año.
En la vereda opuesta, el informe destaca que Agustín Romano Norri no presenta deudas pendientes a la fecha de emisión del documento. Este dato cobra relevancia institucional, dado que Romano Norri encabeza una de las listas presentadas (Roja y Blanca), compitiendo directamente con los espacios liderados por José María Canelada —sector que integra a Cano y Elías de Pérez— y la nómina de Adolfo Díaz Chavero.
Ediles y la falta de regularización
El relevamiento también abarca a concejales como José María Canelada, Federico Romano Norri, Gustavo Cobos y Leandro Argañaraz. Si bien en su momento firmaron la cesión del 10% de sus dietas ante el Concejo Deliberante, el mecanismo administrativo nunca se efectivizó. Posteriormente, acordaron un aporte voluntario fijo que tampoco se cumplió con regularidad, a excepción de ciertos pagos parciales registrados por Cobos.
Desde la administración aclararon que, para sanear los saldos, los ediles deberán presentar copias de sus recibos de sueldo o un certificado de la Contaduría del Concejo que permita calcular con precisión el porcentaje reglamentario.
Este escenario financiero no solo condiciona la disputa política interna, sino que impacta de lleno en la aprobación de los balances institucionales requeridos por la Justicia Federal con competencia electoral. Ahora, la Junta Electoral partidaria tendrá la última palabra sobre cómo proceder con la habilitación de las listas frente al inminente proceso de normalización.
