Con 61 votos afirmativos, la Cámara Alta sancionó el proyecto para dividir en dos salas el tribunal tucumano y crear un nuevo cargo de juez. La medida, que impactará también en Catamarca y Santiago del Estero, busca descongestionar causas de narcotráfico, contrabando y corrupción.
El Senado de la Nación aprobó por unanimidad, con 61 votos a favor y ninguno en contra, un proyecto de ley clave para la reestructuración del Poder Judicial en el interior del país. La iniciativa dispone la división en dos salas de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán y la creación de un sexto cargo de juez de Cámara para ampliar su conformación. En la misma votación sobre tablas, los legisladores dieron luz verde a la creación de la Sala II en la Cámara Federal de Mar del Plata. Desde las bancadas norteñas destacaron que la reforma del tribunal con asiento en San Miguel de Tucumán aportará celeridad penal a un organismo multifuero que no ampliaba su número de miembros desde 1990, a pesar del exponencial aumento de causas complejas.
LAS CLAVES DE LA REORGANIZACIÓN EN TUCUMÁN
La nueva normativa establece pautas administrativas y financieras estrictas para la puesta en marcha de las salas:
- Estructura y miembros: La Cámara tucumana se dividirá en dos salas con la misma competencia material y territorial. Se suma un juez, elevando el tribunal a un total de 6 miembros.
- Mecanismo de transición: Hasta tanto se designe y presupueste el cargo del nuevo magistrado, cada sala operará con 2 jueces. El presidente del tribunal actuará de forma común e indistinta en ambas salas para desempatar y lograr mayoría en caso de discrepancias jurisdiccionales.
- Plazo de reglamentación: El tribunal de alzada dispondrá de un plazo de 90 días para dictar su reglamento interno de funcionamiento y el esquema de subrogancias por licencias o recusaciones.
- Financiamiento: Las partidas presupuestarias para los nuevos cargos e infraestructura serán imputadas de manera directa al Presupuesto General del Poder Judicial de la Nación.
El debate en el recinto: el reclamo del norte argentino
El tratamiento del texto generó un fuerte consenso federal entre representantes de diversas bancadas. Al momento de las argumentaciones, la senadora tucumana Beatriz Ávila (bloque Independencia) defendió la necesidad de especializar el tribunal, advirtiendo que las salas tramitarán de forma prioritaria expedientes de alta sensibilidad social como el narcotráfico, la trata de personas, el ciberdelito y la corrupción pública. “El objetivo es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos mediante procesos que agilicen el tiempo de respuesta de la Justicia”, fundamentó.
A su turno, su par de provincia, Sandra Mendoza, recordó que venía impulsando esta iniciativa desde el año 2022 debido al desborde operativo del fuero: “La Cámara Federal de Tucumán fue creada en 1937 y su jurisdicción se extiende también sobre Catamarca y Santiago del Estero. Su última modificación fue en 1990, cuando pasó de tres a cinco miembros. Hoy funciona como un órgano único multifuero que interviene en aduana, temas electorales y narcocriminalidad; estos temas requieren una pronta resolución”. En sintonía, el senador santiagueño Gerardo Zamora acompañó la votación pero aprovechó para reclamar que, en el corto plazo, el Congreso debata la creación de una Cámara de Apelaciones propia para Santiago del Estero debido a la densidad de sus juzgados de primera instancia.
Alivio judicial para los tribunales de Mar del Plata
El paquete de reformas aprobado por la Cámara Alta incluyó un fuerte beneficio para la justicia de la provincia de Buenos Aires. El senador radical Maximiliano Abad, miembro informante del proyecto bonaerense, celebró la creación de la Sala II para la Cámara Federal de Mar del Plata junto a sus correspondientes tres secretarías, cargos jerárquicos y personal administrativo.
Abad justificó la urgencia de la ampliación edilicia y de personal mediante cifras estadísticas que daban cuenta del colapso del tribunal costero: «Descongestiona un organismo que tiene jurisdicción sobre el 40% de la provincia de Buenos Aires. En el año 1992 la Cámara recibía 700 expedientes anuales, pero para el período 2025 la cifra trepó a 8.025 causas». El legislador bonaerense concluyó señalando que el 75% de ese universo de litigios corresponde a demandas previsionales de jubilados y amparos de salud, por lo que la apertura de la nueva sala resulta vital para garantizar una «justicia eficaz».
