El principal intermediario, un trabajador judicial que perdió su empleo tras el escándalo, radicó la denuncia formal ante la fiscalía de Delitos Complejos.
La historia comienza con la estafa más tucumana y repetida de todas: plata a cambio de una casa del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). La causa, que ya circula por los pasillos de Tribunales, adquiere ribetes escandalosos debido a los actores involucrados: el acusado es un policía de la Comisaría VI, el denunciante es un empleado judicial que asegura haber perdido su trabajo a causa del fraude y los afectados superan el centenar. En total, el monto calculado ronda los $500 millones.
El miércoles 23 de septiembre, un trabajador de ordenanza de tribunales se presentó en la comisaría 5°, en Muñecas al 1.600, para formalizar una denuncia en la que advierte que él mismo fue engañado junto a un centenar de personas. La presentación fue derivada a la fiscalía de Delitos Complejos, mientras que el policía señalado fue puesto en disponibilidad a raíz de la demanda.
De la promesa inicial al engaño en cadena
De acuerdo con el documento judicial, el denunciante conoció al efectivo en 2010 mientras cumplía funciones en la morgue del Poder Judicial. Tras un tiempo sin contacto, las comunicaciones se retomaron en noviembre del año pasado a través de WhatsApp.
En ese reencuentro, el agente policial le aseguró que, gracias a contactos vinculados con su madrastra en la Legislatura provincial, podía gestionar la entrega directa de una vivienda del IPV. A cambio de iniciar el trámite, le exigió una transferencia inicial de $2 millones y otros $2 millones finales una vez adjudicada la propiedad.
Tras concretar el primer pago con la ayuda de un préstamo y ahorros familiares, el policía le propuso sumar a gente de su extrema confianza bajo un supuesto manejo secreto. Con la ilusión de acceder a una casa en zonas como Manantial Sur, San Andrés o Lomas de Tafí, el empleado judicial involucró a su cuñada, a su primo y, posteriormente, a una red de allegados que creció hasta alcanzar entre 115 y 120 víctimas. Con el correr de los meses, las exigencias económicas treparon hasta los $5 millones por cupo.
Excusas, reuniones fallidas y consecuencias laborales
Ante las reiteradas postergaciones en las fechas de entrega previstas para febrero, marzo y julio de este año, los damnificados comenzaron a reclamar respuestas. En julio, el policía accedió a coordinar una reunión en la casa del suegro del denunciante, pero al llegar al lugar se encerró en una habitación sin dar explicaciones, dejando a la pareja del empleado judicial a cargo de dar la cara ante los vecinos.
Promesas vinculadas a actos políticos del gremio de ATSA y visitas posteriores al domicilio del acusado en Alderetes tampoco arrojaron soluciones. El denunciante aportó capturas de pantalla, comprobantes de transferencias en Mercado Pago, Banco Macro y Brubank, además de documentación personal de los afectados. Finalmente, confirmó que perdió su trabajo a raíz del conflicto y adelantó que se presentará junto al resto de los damnificados para ampliar las medidas judiciales.
