Ricardo Bussi impulsa la emergencia tarifaria eléctrica por un año, busca eliminar Ingresos Brutos a la distribución y cuestiona al gobernador Jaldo por el peso de los impuestos provinciales.
El legislador provincial Ricardo Bussi (Fuerza Republicana) presentó un proyecto de ley en la Legislatura de Tucumán que propone declarar la emergencia tarifaria eléctrica por el plazo de un año, impulsando una fuerte reducción de los componentes tributarios y tasas municipales que encarecen el monto final de las facturas de EDET.
La iniciativa contempla llevar al 0% la alícuota del impuesto sobre los Ingresos Brutos que grava la actividad de distribución de energía eléctrica, un tributo que actualmente se ubica en el 3,75% según los fundamentos técnicos del escrito.
En sus declaraciones, Bussi cuestionó con dureza al gobernador Osvaldo Jaldo: «Mientras el gobernador Osvaldo Jaldo busca responsables afuera, debería mirar la mochila tributaria que su propio Gobierno coloca sobre los tucumanos. No puede lamentarse por el precio de la luz mientras sigue recaudando sobre cada factura» afirmó, señalando que la Provincia cuenta con margen fiscal para aliviar el bolsillo de los usuarios frente a un incremento tarifario acumulado de entre el 38% y el 44%.
Tasas municipales fuera de la boleta
El segundo eje medular de la propuesta apunta a modificar la composición del resumen que reciben los usuarios. El texto legislativo prohíbe taxativamente que la concesionaria incorpore tasas, contribuciones o gravámenes ajenos al servicio eléctrico estricto, calificando dicha práctica como comercialmente abusiva bajo la Ley de Defensa del Consumidor.
De este modo, municipios y comunas rurales deberán articular mecanismos propios y separados para percibir sus tributos, tales como la tasa de alumbrado público, que hoy representa entre el 7% y el 14% del total facturado. «La factura de la luz debe cobrar únicamente la luz. Los vecinos no pueden quedar bajo amenaza de corte del suministro por tasas que nada tienen que ver con la energía que consumen», argumentó Bussi, estableciendo un plazo de 180 días para que las administraciones locales adapten sus sistemas de recaudación.
El proyecto también aclara que la normativa regirá independientemente de los futuros cambios societarios en el paquete accionario de la distribuidora privada, cerrando con una interpelación directa al Ejecutivo provincial para definir si prioriza la recaudación estatal o el alivio a los contribuyentes.
