El Gobernador advirtió que el salto del precio del gasoil rompió los costos del sector. Busca evitar que Tucumán sufra paros y asegurar el traslado de alumnos y trabajadores de salud.
El gobernador Osvaldo Jaldo se pronunció este viernes sobre la compleja situación financiera que afecta a las empresas de transporte público de pasajeros en Tucumán. Con el precio del combustible mayorista alcanzando valores récord, el titular del Ejecutivo provincial enfatizó la necesidad de sostener la actividad para evitar que se vea afectado el motor social y comercial de cada rincón del territorio tucumano.
Jaldo fundamentó la intervención estatal al calificar al transporte como un eslabón clave para la salud y la educación: «Son los colectivos los que llevan a nuestros chicos a las escuelas y a nuestros médicos y enfermeros a los hospitales y CAPS de toda la provincia», resaltó. El mandatario vinculó directamente la escalada del crudo a nivel internacional —que pasó de 60 a 100 dólares el barril— con el encarecimiento de la logística local, señalando que el litro de gasoil mayorista hoy oscila entre los $2.300 y $2.400, destruyendo cualquier previsión de costos previa.
Además del impacto en el traslado de pasajeros, el Gobernador mostró su preocupación por el transporte de carga, vital para la producción tucumana, que también enfrenta aumentos desmedidos. Ante este panorama, confirmó que mantendrá encuentros con representantes de la cámara empresaria (AETAT) y del gremio de los trabajadores (UTA) para buscar consensos. «Cuidar el empleo es fundamental; sabemos que una vez que una actividad baja la persiana, es casi imposible volverla a abrir», advirtió, poniendo como ejemplo los cierres de empresas de gran escala que afectaron al país recientemente.
Con la mirada puesta en la estabilidad laboral de casi 400 familias que dependen de este rubro, Jaldo ratificó que el Estado provincial hará lo necesario para garantizar que los colectivos sigan circulando en tiempo y forma. La meta del Ejecutivo es clara: evitar el desabastecimiento del servicio y proteger el bolsillo de los trabajadores que utilizan el transporte público para su actividad diaria.
