El ajuste fiscal estuvo fuertemente impulsado por los recortes en las transferencias a las provincias y la contracción en la obra pública. Según un informe de la consultora Analytica, la tendencia a la baja se mantiene en el acumulado del año, a pesar de un incremento puntual registrado durante el mes de junio.
El gasto público primario de la Administración Nacional finalizó el primer semestre del año con una contracción real del 2,3% en comparación con el mismo período del año anterior. Si bien el mes de junio marcó una excepción con un incremento puntual del 3,7%, los primeros seis meses ratifican la tendencia de ajuste de las cuentas públicas.
De acuerdo con un informe de la consultora Analytica, elaborado con datos devengados hasta el 3 de julio, el grueso del recorte recayó sobre el financiamiento provincial y la infraestructura. Las transferencias a las provincias sufrieron una fuerte caída del 62,1% (que se modera al 52,3% si se descuenta el efecto de los hospitales SAMIC). En la misma línea, la obra pública registró un retroceso acumulado del 32,4% en términos reales, con un desplome del 74,9% solo en el mes de junio, lo que afectó tanto a las construcciones como a las transferencias de capital.
Contrastes: subsidios y seguridad social El escenario de las partidas destinadas a subsidios mostró una dinámica heterogénea a lo largo del semestre:
- Transporte: Experimentó un recorte del 24%, impactado directamente por la baja en transferencias al Operador Ferroviario y a los fondos de infraestructura.
- Energía: En sentido opuesto, los subsidios económicos crecieron un 29,6% real, un incremento impulsado de forma exclusiva por las partidas energéticas (+73,7%).
Por el lado de la seguridad social, el primer semestre exhibió variaciones mínimas. Las jubilaciones y pensiones anotaron una leve mejora real del 1,3%, mientras que la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las asignaciones familiares se mantuvieron prácticamente estables frente a los niveles del año anterior, con una suba de apenas el 0,3%.
Finalmente, el documento detalla el estado de la deuda flotante (los compromisos pendientes de pago por parte del Estado). Durante la primera mitad del año, esta deuda alcanzó los $3,9 billones, una cifra equivalente al 0,3% del PIB. Este nivel es similar al registrado a mediados de 2025 y responde, en buena medida, al impacto estacional del pago de aguinaldos.
