Un informe de la Cámara Nacional Electoral reveló que 13 de las 29 agrupaciones locales acumulan 32 multas y suspensiones. El Partido Justicialista, el PRO y el Partido por la Justicia Social figuran entre los sancionados por demoras en informes de campaña y falta de rendición de balances.
El mapa partidario tucumano atraviesa un complejo escenario de desorden administrativo que ha derivado en una ola de sanciones por parte de la Justicia Electoral. Según los registros oficiales al cierre del período 2025, el 45% de las agrupaciones políticas inscriptas en el distrito acumula castigos económicos que van desde multas porcentuales hasta la suspensión total de los aportes para futuras campañas. El caso del Partido Justicialista —que recibió una multa por presentar su informe de campaña con tres meses de retraso— es solo la punta del iceberg de un problema extendido que afecta a fuerzas de todo el arco ideológico y que, según advierten desde el sector, se ha vuelto más punzante debido a la mayor rigurosidad en los controles nacionales.
LAS FUERZAS MÁS AFECTADAS
El sistema de la Cámara Nacional Electoral detalla una distribución dispar de las 32 sanciones vigentes:
- PRO (Propuesta Republicana): Lidera la lista con 5 sanciones, incluidas dos suspensiones (pérdida total del aporte extraordinario).
- Partido por la Justicia Social: Acumula 4 sanciones, combinando faltas en informes de campaña y balances contables.
- Frente Grande y Partido del Trabajo y del Pueblo (PTP): Suman 3 sanciones cada uno.
- Segunda línea (con 2 sanciones): Frente Renovador, Tucumán Innovador, Partido Trabajar, Partido Socialista, Cambia Tucumán y Trabajo y Capacidad.
- Un solo registro: Partido Justicialista, Somos Uno y Tucumán Avanza.
La nueva rigurosidad del control
Históricamente, los trámites ante la Justicia Electoral eran vistos como gestiones burocráticas de bajo perfil que se resolvían en instancias administrativas. Sin embargo, la actual coyuntura ha cambiado las reglas del juego. Dirigentes de distintas fuerzas coinciden en que los controles de la Auditoría se han intensificado tras el cambio de gobierno nacional. Para los partidos más pequeños, esta «intensa presión» se traduce en un problema estructural: la falta de equipos contables y jurídicos permanentes dificulta cumplir con las exigencias de transparencia, convirtiendo el trámite en una trampa administrativa.
¿Qué prevé la ley?
La Ley 26.215 modernizó el esquema de sanciones, reemplazando los montos fijos (licuados por la inflación) por multas porcentuales basadas en los aportes públicos. Si bien no se permite la disolución de un partido por fallas contables, el impacto económico es directo:
- Multas escalonadas: El incumplimiento inicial arranca en un 10% de los aportes.
- Suspensión: La sanción más severa implica no recibir fondos para la próxima campaña.
- Inhabilitación: En casos donde no se pueda acreditar el origen de los fondos, el juez puede inhabilitar a presidentes y tesoreros para ejercer cargos públicos por hasta 10 años.
Mientras el PJ tucumano intenta reordenarse tras la reciente interna de apoderados, los datos dejan en claro que la desprolijidad administrativa es un mal transversal que pone bajo la lupa la transparencia financiera de la política provincial.
