22 noviembre, 2026
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La causa judicial apunta a una presunta organización que habría operado desde 2021 mediante la venta de terrenos ajenos, contratos de viviendas que no se concretaban y cheques sin fondos. Cuatro personas quedaron bajo prisión preventiva y la Fiscalía investiga 14 hechos, mientras busca determinar el alcance del perjuicio económico y la cantidad de damnificados.

Una investigación del Ministerio Público Fiscal de Tucumán avanza sobre una presunta organización delictiva acusada de perjudicar económicamente a decenas de personas mediante operaciones inmobiliarias irregulares, contratos de construcción incumplidos y maniobras financieras con cheques que luego eran rechazados. El perjuicio económico estimado supera los $1.000 millones.

La causa comenzó en 2023, luego de que se acumularan denuncias de personas que afirmaban haber sido perjudicadas por operaciones vinculadas con la firma Constru Servicios S.A.S.. Según la hipótesis de los investigadores, la estructura habría comenzado a operar en 2021 y utilizado esa empresa, junto con otras denominaciones comerciales, para aparentar una actividad legítima y captar clientes, inversores y proveedores.

El expediente está a cargo de la Fiscalía de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, conducida por el fiscal Diego Alejo López Ávila, quien atribuye a los sospechosos la integración de una presunta asociación ilícita con funciones diferenciadas entre sus integrantes.

La investigación apunta a un mecanismo que combinaba la comercialización de terrenos, la contratación de viviendas bajo la modalidad denominada “llave en mano” y la obtención de dinero de particulares y proveedores mediante cheques de pago diferido.

Cómo captaban a los compradores

De acuerdo con la acusación, los sospechosos promocionaban ofertas inmobiliarias a través de Facebook y recibían a los interesados en oficinas ubicadas en Yerba Buena y San Miguel de Tucumán.

La existencia de locales comerciales, la participación de varios socios y la aparente capacidad económica de la empresa habrían contribuido a generar confianza entre quienes buscaban comprar un lote, construir una vivienda o invertir sus ahorros.

Sin embargo, la Fiscalía sostiene que numerosas operaciones se realizaron sobre terrenos cuya titularidad no correspondía a los vendedores. Algunos de esos inmuebles, además, estarían involucrados en conflictos legales.

El abogado querellante Juan Guerrero explicó que, según las denuncias, los compradores recibían información que les hacía creer que los lotes estaban en condiciones de ser transferidos y que la empresa tenía derechos sobre ellos.

“Les decían que los lotes estaban libres de todo tipo de gravamen, de todo tipo de litigiosidad alguna e inclusive que eran los titulares de los lotes”, señaló.

El letrado agregó que, además del dinero abonado por la compra, a algunos clientes les solicitaban transferencias periódicas por supuestos trabajos de mantenimiento de los terrenos.

“Además de que esos terrenos sí estaban en litigiosidad y no eran ellos los titulares, les solicitaban transferencias mensuales para el mantenimiento, desmalezamiento y limpieza del lote”, detalló.

Las irregularidades comenzaban a hacerse evidentes cuando los compradores reclamaban los documentos necesarios para acreditar la propiedad o pedían información sobre el avance de las viviendas contratadas.

Según Guerrero, quienes estaban a cargo de las operaciones respondían con distintas justificaciones para postergar la firma de las escrituras. Entre las explicaciones mencionadas figuraban viajes, reuniones laborales, inconvenientes personales y falta de tiempo para acudir a las escribanías.

Pese a esas respuestas, los trámites no llegaban a concretarse. Con el paso del tiempo, varios compradores dejaron de recibir contestaciones a sus mensajes y llamadas telefónicas.

Viviendas que no se entregaban y obras abandonadas

La investigación también comprende contratos para la construcción de viviendas bajo la modalidad “llave en mano”.

Según la hipótesis fiscal, los sospechosos habrían celebrado acuerdos por obras que luego quedaban sin terminar, pese a que los clientes habían entregado dinero u otros bienes como parte de las operaciones.

El fiscal López Ávila describió las consecuencias que, de acuerdo con la acusación, habrían tenido las maniobras sobre los distintos damnificados.

“Como consecuencia directa de su accionar, las obras fueron abandonadas, las transacciones inmobiliarias resultaron ser estelionato, los proveedores perdieron su mercadería y el circuito financiero resultó ser un desfalco colosal, sin que ninguno de los miembros brindase solución alguna”, sostuvo.

El término estelionato hace referencia a determinadas conductas fraudulentas vinculadas con la disposición de bienes ajenos o gravados, una figura que la Fiscalía considera relevante para analizar las operaciones inmobiliarias denunciadas.

Los investigadores buscan establecer en qué condiciones se ofrecieron los terrenos, quiénes intervinieron en cada transacción y qué compromisos asumió la empresa frente a los compradores.

El circuito financiero bajo sospecha

El presunto mecanismo investigado no se limitaba a la venta de terrenos y la construcción de viviendas. Según la Fiscalía, también se habrían obtenido importantes sumas de dinero de particulares y proveedores mediante supuestas necesidades de financiamiento para sostener proyectos inmobiliarios.

La modalidad consistía en solicitar capital con el argumento de necesitar liquidez para continuar con los emprendimientos. A cambio, los sospechosos entregaban cheques de pago diferido que inicialmente eran abonados en las fechas previstas.

Esa primera etapa de cumplimiento habría permitido generar confianza entre los prestamistas y alentarlos a entregar nuevas sumas de dinero, cada vez más elevadas.

Posteriormente, de acuerdo con la hipótesis judicial, los pagos comenzaron a interrumpirse y los cheques fueron rechazados por falta de fondos o porque las cuentas bancarias habían sido cerradas.

De esta manera, el esquema habría afectado a distintos grupos: compradores de terrenos, personas que contrataron viviendas, inversores particulares y proveedores de materiales para la construcción.

La Fiscalía considera que la apariencia de solvencia económica de la firma fue un elemento central para sostener las operaciones. La estructura comercial habría servido como respaldo frente a quienes entregaban dinero, bienes o mercadería.

Las denuncias y las pruebas reunidas

Las primeras denuncias ingresaron al Ministerio Público Fiscal durante 2023. Desde entonces, la investigación incorporó testimonios, documentación contractual, registros financieros y elementos digitales que permitieron reconstruir parte del funcionamiento de la presunta organización.

El expediente reúne más de una decena de denuncias relacionadas con las maniobras, aunque los investigadores consideran que el número de personas perjudicadas podría ser mayor.

También se analiza la presunta distribución de funciones entre el señalado como principal responsable, sus socios y familiares o allegados que habrían participado en la administración de la estructura y en la circulación del dinero.

Según el abogado querellante Juan Guerrero, algunas de las direcciones declaradas por la firma correspondían a lugares donde no se desarrollaba actividad comercial.

Con los elementos reunidos, la Fiscalía solicitó medidas judiciales para detener a los principales sospechosos y secuestrar documentación y dispositivos que pudieran aportar nuevas evidencias.

Los procedimientos se realizaron el martes 6 de octubre, cuando efectivos policiales llevaron adelante allanamientos vinculados con la causa. Como resultado, cuatro personas fueron detenidas, entre ellas quien es señalado como presunto jefe de la organización y un hombre perteneciente a una fuerza de seguridad nacional.

Cuatro imputados y prisión preventiva

Al día siguiente, el miércoles 7 de octubre, el fiscal López Ávila encabezó la audiencia de formulación de cargos contra los cuatro sospechosos.

El Ministerio Público Fiscal les atribuyó los delitos de asociación ilícita, estafas reiteradas, estelionato, amenazas y desbaratamiento de confianza, en relación con 14 hechos incluidos en la investigación.

Durante la audiencia, el fiscal expuso la hipótesis sobre el funcionamiento de la presunta organización y presentó los elementos reunidos para fundamentar las imputaciones.

También solicitó medidas de coerción para asegurar que los acusados permanezcan a disposición de la Justicia mientras continúan las diligencias.

Para quien es considerado el principal responsable, la Fiscalía requirió cinco meses de prisión preventiva. Para los otros tres imputados, solicitó un plazo de 35 días.

Luego de escuchar los argumentos de las partes, el juez Augusto Paz Almonacid hizo lugar a los pedidos y dispuso la prisión preventiva por los períodos solicitados.

La medida permite mantener a los cuatro imputados privados de su libertad durante el plazo establecido, mientras avanza el proceso judicial. Las imputaciones y la prisión preventiva no constituyen una declaración de culpabilidad.

La investigación podría ampliarse

El expediente continúa abierto y la Fiscalía busca determinar el destino del dinero recibido, identificar a todos los posibles participantes y establecer la cantidad total de víctimas y el perjuicio económico ocasionado.

El abogado querellante Juan Guerrero advirtió que la investigación podría incorporar nuevas pruebas y alcanzar a otras personas.

“Estamos frente a una banda criminal organizada dedicada a las estafas, será una investigación muy larga, recién estamos viendo la punta del iceberg, faltan muchísimas evidencias más que aportar y producir junto al MPF”, afirmó.

El letrado también vinculó el caso con el crecimiento de las maniobras fraudulentas a través de plataformas digitales y redes sociales. Según sus declaraciones, más del 70% de las estafas relacionadas con operaciones de compraventa correspondería a maniobras realizadas por organizaciones que utilizan publicidad engañosa en internet.

Guerrero señaló que estas prácticas no se limitarían a los terrenos y las viviendas, sino que también aparecerían en operaciones de compraventa de automóviles, teléfonos celulares y otros bienes.

“Es común este tipo de delitos en compras y ventas de redes sociales, son bandas criminales que operan fuertemente en redes sociales”, sostuvo.

La causa continuará con el análisis de la documentación secuestrada, los registros digitales y las operaciones financieras atribuidas a los sospechosos. Los investigadores procuran establecer el alcance de las maniobras y determinar si existen otros involucrados.

Por el momento, el expediente registra cuatro imputados bajo prisión preventiva y 14 hechos formalmente atribuidos, con un perjuicio económico estimado superior a los $1.000 millones. La investigación busca esclarecer el presunto fraude inmobiliario y financiero y determinar la responsabilidad de cada una de las personas señaladas.

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