Tras el veto y la insistencia de la mayoría opositora en el Concejo Deliberante, el Ejecutivo recurrió a la Cámara en lo Contencioso Administrativo. Advierten un impacto fiscal de $570 millones al año y cuestionan el trasfondo político de la medida.
La disputa política e institucional desatada en la ciudad de Concepción entre el Departamento Ejecutivo y el Concejo Deliberante por la incorporación de 33 trabajadores a la planta permanente escaló formalmente al ámbito judicial. El intendente Alejandro Molinuevo interpuso una acción de nulidad de acto administrativo ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo, acompañada por un pedido de medida cautelar para frenar de manera inmediata las designaciones.
El litigio se originó luego de que el jefe comunal vetara la ordenanza aprobada por el cuerpo deliberativo y que los concejales insistieran con su promulgación. Desde la perspectiva del Ejecutivo, las incorporaciones implicarían una erogación estimada en $570 millones anuales, un costo que la administración considera incompatible con la situación económica actual y las verdaderas necesidades operativas del municipio.
Cuestionamientos de procedimiento y trasfondo político
En su presentación, Molinuevo argumentó que la iniciativa fue impulsada por los ocho ediles opositores —sobre un total de 12 miembros— y sancionada “a libro cerrado”, sin un debate parlamentario suficiente ni el análisis exhaustivo de los antecedentes de los beneficiados, a quienes en algunos casos les faltaría antigüedad reglamentaria. Asimismo, objetó la creación de áreas vinculadas con políticas sociales y de juventud, señalando que dichas funciones corresponden estrictamente a la órbita del Ejecutivo.
Detrás del contrapunto administrativo late también una marcada tensión de carácter político. El intendente vinculó directamente la jugada legislativa con una estrategia de la mayoría opositora de cara al escenario electoral municipal previsto para mayo de 2027. Con la apertura de esta vía judicial, será la Justicia la encargada de determinar la legalidad del procedimiento y definir la suspensión cautelar de los efectos de la norma mientras se resuelve la cuestión de fondo.
