Tras la anulación judicial del contrato heredado, la intendenta capitalina diseña un nuevo esquema que mezcla orden urbano y asistencia social. En paralelo, refuerza su sintonía con la Provincia para blindar la paritaria municipal frente a la crisis.
La intendenta Rossana Chahla ha decidido transformar el vacío legal dejado por la anulación judicial de la anterior concesión de estacionamiento medido en una oportunidad política para reafirmar la autoridad de su Ejecutivo. Lejos de ser un simple ajuste técnico, la reconfiguración del servicio se perfila como un eje central de su plan de ordenamiento urbano, con el cual pretende dejar atrás las irregularidades que marcaron el contrato de la gestión anterior y que terminaron siendo sepultadas por la Corte Suprema provincial.
El mensaje político de Chahla es claro: el nuevo estacionamiento no será una concesión a la deriva, sino una herramienta bajo su égida, bajo criterios de «gestión público-privada» que le permitan al Municipio mantener el mando. En su alocución, la jefa municipal no solo puso el foco en la modernización del tránsito, sino que utilizó el debate para marcar su impronta social. La intención de integrar a cuidacoches y personas con discapacidad busca dotar a su administración de un perfil inclusivo, aunque con una advertencia severa hacia los sectores que históricamente se manejaron bajo la informalidad: la calidad de atención y el respeto al vecino son ahora parámetros obligatorios. Con este movimiento, Chahla busca capitalizar un área sensible donde el vecino suele sentir el ausentismo del Estado.
Sin embargo, el frente más complejo que la intendenta debe blindar es el financiero. En un contexto de crisis que golpea las arcas locales, la estrategia política de la intendenta consiste en una estricta alineación con el Gobierno provincial. Al confirmar que el municipio se ha «pegado» a las paritarias de la Provincia, Chahla envía una señal de peso hacia el interior del peronismo y hacia sus trabajadores: el esfuerzo financiero que implica igualar las escalas provinciales es la apuesta para mantener la paz social.
La intendenta sabe que, ante la escasez de recursos, la legitimidad de su gobierno se juega en la precisión de sus gastos. Por eso, su discurso fue directo hacia la necesidad de una administración «rigurosa», un concepto que busca distanciarse de la discrecionalidad del pasado. Al subordinar el gasto municipal a la lógica de recursos finitos y paritarias coordinadas con el Poder Ejecutivo provincial, Chahla intenta consolidar su imagen de gestora ordenada, en un momento donde la política local reclama resultados inmediatos tanto en el asfalto como en la caja del municipio.
