La Cámara se prepara para debatir el futuro de la norma rechazada por Osvaldo Jaldo. Mientras las fisuras en el oficialismo quedan al descubierto, la conducción legislativa busca alternativas para sostener su rol de control.
La Legislatura de Tucumán transita horas de alta tensión institucional de cara a la definición sobre el veto total que el gobernador Osvaldo Jaldo impuso al Sistema de Monitoreo Post Legislativo. La inesperada habilitación del tratamiento preferencial en la última sesión dejó en evidencia las divisiones internas dentro del bloque peronista, oscilando entre la alineación vertical con el Ejecutivo y la defensa de las prerrogativas parlamentarias. En medio de este escenario, las recientes declaraciones del vicegobernador y titular de la cámara, Miguel Acevedo, sugieren una salida política basada en la adaptación normativa y la creación de mecanismos alternativos de fiscalización.
El conflicto se desató a partir del Decreto N° 1.939/14, mediante el cual el Ejecutivo rechazó por completo la iniciativa —sancionada originalmente por unanimidad— destinada a evaluar el impacto de las leyes provinciales. Desde la Casa de Gobierno argumentaron que el proyecto presentaba vicios de inconstitucionalidad al invadir competencias exclusivas de administración reservadas al Gobernador por el artículo 101 de la Constitución provincial, cuestionando la creación de herramientas operativas como un «Laboratorio de Medición de Impacto».
Posturas divididas y fisuras en el oficialismo
Durante el debate en el recinto, impulsado inicialmente por el legislador radical José Cano mediante una moción de preferencia, las contradicciones del oficialismo quedaron expuestas. Mientras la mayoría de la bancada peronista optó por el silencio o el rechazo para evitar un cortocircuito con el mandatario, el jefe de bloque oficialista, Roque Tobías Álvarez, respaldó el pedido opositor, permitiendo que el tema sea tratado formalmente en la próxima sesión.
Por su parte, referentes opositores como Silvia Elías de Pérez, José Seleme, Eduardo Verón Guerra y Agustín Romano Norri coincidieron en la necesidad de insistir con el texto original para resguardar la división de poderes y las facultades de control del cuerpo. En la vereda opuesta, el legislador oficialista Gerónimo Vargas Aignasse se desmarcó públicamente de la norma que había acompañado en su momento y ratificó su total acuerdo con el veto gubernamental.
La estrategia de Acevedo
Ante este panorama de marcada polarización, la postura de Miguel Acevedo asoma como la llave maestra para destrabar el conflicto institucional. Días atrás, en el marco del ciclo «Legislatura en Diálogo», el vicegobernador afirmó con flexibilidad pero firmeza: «No hay que temer en decir que tengo que modificar una ley… Hay que adecuar todas las disposiciones legales a la realidad. Cuando una ley no sirve a la sociedad, no sirve la ley».
Inmediatamente después, el titular del parlamento adelantó que la institución se encuentra diseñando alternativas: «Además, estamos desarrollando mecanismos inéditos para monitorear el impacto concreto que tienen las leyes sancionadas en la comunidad». De este modo, la Legislatura buscaría sostener su rol evaluador sin colisionar frontalmente con las objeciones constitucionales planteadas por el Poder Ejecutivo, reconfigurando el escenario político provincial de cara al próximo debate en el recinto.
