Walter Ayala cumplía una pena por el mismo delito pero usaba celulares prohibidos en su celda para captar mujeres en situación de vulnerabilidad y promocionarlas en internet. Le dieron 12 años de prisión y la Justicia Federal fijó una histórica reparación económica de $130 millones para las víctimas.
El Penal de Villa Urquiza vuelve a quedar en el centro de la tormenta por la total falta de control en sus pabellones. La jueza federal Carina Farías condenó en un juicio abreviado a Walter Ayala a 12 años de prisión tras comprobarse que, mientras cumplía una pena previa en la Unidad Nº 1, lideraba desde su celda una red dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual en San Miguel de Tucumán. Junto a él fue condenada su socia externa, Alejandra Galván, a 8 años de cárcel, en un fallo que incluyó una indemnización inédita de $130 millones para las ocho víctimas rescatadas.
LA ESTRUCTURA DELICTIVA DESDE EL PABELLÓN
- El «cerebro» en la celda: Ayala usaba teléfonos inteligentes prohibidos dentro de la cárcel para contactar a mujeres vulnerables por redes sociales. Él mismo les creaba perfiles con nombres ficticios y manejaba los anuncios en el portal de oferta sexual Skokka.
- La pata operativa en la calle: Alejandra Galván regenteaba los departamentos privados en la Capital, coordinaba las sesiones de fotos y videos para promocionar a las víctimas y pasaba a recaudar el dinero de los encuentros.
- Fallo económico histórico: Los más de $130 millones que deberán pagar los condenados cubren daño moral, lucro cesante y el recupero total de las ganancias ilegales que la banda obtuvo mientras operó a expensas de las víctimas.
El portal Skokka y la vulnerabilidad digital
La investigación penal, liderada de manera minuciosa por el fiscal federal Pablo Camuña, logró desarmar el perverso entramado que funcionaba ante la aparente pasividad de las autoridades penitenciarias tucumanas. Ayala, un delincuente con experiencia en el rubro de la trata, descubrió que no necesitaba estar libre para facturar: la digitalización del negocio le permitía captar, entrevistar y comercializar los cuerpos de las víctimas utilizando el wifi y la señal móvil de su propia celda.
Con los celulares que ingresaban de forma clandestina al penal, el condenado diagramaba los turnos, fijaba las tarifas y controlaba las publicaciones en plataformas virtuales. Mientras tanto, en los departamentos del microcentro, Galván ejercía el control físico y territorial sobre las mujeres, asegurándose de que la recaudación diaria llegara a manos de la organización.
Villa Urquiza, bajo la lupa judicial
El acuerdo de juicio abreviado, donde ambos imputados confesaron sus brutales delitos para evitar una pena aún mayor en un debate oral, reaviva una vieja y preocupante polémica en la provincia: el libre acceso de los presos de alta peligrosidad a la telefonía celular.
Desde los tribunales federales señalaron que es inadmisible que un delincuente que ya estaba pagando una condena por el delito de trata de personas haya tenido la infraestructura técnica dentro de una prisión de máxima seguridad para seguir reclutando y explotando mujeres a gran escala, burlando todos los anillos de vigilancia del Servicio Penitenciario de Tucumán.
Las ocho mujeres damnificadas ya se encuentran bajo el programa de asistencia y protección a las víctimas de trata, a la espera de que se ejecuten los bienes y fondos decomisados a la banda para cobrar la millonaria reparación económica. En tanto, Ayala sumará estos 12 años a su planilla prontuarial, aunque la Justicia Federal ya solicitó informes oficiales al Ministerio de Seguridad provincial para determinar las responsabilidades internas por la complicidad o negligencia en el ingreso de los dispositivos móviles a su celda.
