Tres trabajadores del IPSS fueron acusados de integrar una red que cobraba casi $2 millones por trámites apócrifos. La maniobra, detectada por el propio organismo, generó un perjuicio superior a los $27 millones en prótesis y cirugías autorizadas ilegalmente.
La Unidad Fiscal de Delitos Complejos formalizó una grave acusación contra tres empleados del Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán (IPSS), vinculados a una estafa sistemática con Certificados Únicos de Discapacidad (CUD) falsos. En una audiencia realizada este viernes 1 de mayo, el Ministerio Público Fiscal (MPF) detalló cómo los imputados aprovechaban sus cargos para introducir documentación apócrifa en expedientes reales, garantizando coberturas médicas totales a cambio de importantes sumas de dinero.
Según la investigación liderada por la fiscal Mariana Rivadeneira, la organización operaba desde enero de 2026. El modus operandi consistía en captar afiliados y ofrecerles el CUD falso por pagos que, en algunos casos registrados, alcanzaron los $1.950.000. Una vez obtenido el dinero, los empleados facilitaban el avance administrativo del trámite, sorteando incluso las auditorías médicas internas para lograr la aprobación de intervenciones quirúrgicas y la entrega de prótesis de alto costo.
El fraude salió a la luz cuando el propio Subsidio de Salud detectó inconsistencias en los expedientes. Si bien algunos trámites se frenaron a tiempo, otros ya habían sido liquidados, provocando un daño económico al erario público estimado en $27.904.918. La gravedad del caso se vio acentuada por el intento de fuga de uno de los sospechosos, quien fue capturado en la terminal de ómnibus mientras intentaba viajar a Córdoba tras eludir un allanamiento.
A pedido del auxiliar de fiscal Leandro Abdala, la causa fue declarada como «asunto complejo», lo que otorga un año para profundizar la investigación. En cuanto a las medidas de coerción:
- Arresto domiciliario: Se ordenó para uno de los implicados por dos meses, con monitoreo electrónico.
- Reglas de conducta y caución: Los otros dos empleados quedaron en libertad bajo medidas restrictivas y el pago de una caución de $3 millones cada uno.
Los acusados enfrentan cargos por defraudación a la administración pública y falsificación de instrumento público. El caso pone bajo la lupa los controles internos de la mayor obra social de la provincia, mientras la fiscalía busca determinar si existen más involucrados o una red de captación de «clientes» fuera de las oficinas de calle Las Piedras.
