La Justicia Federal sobreseyó a tres mujeres bolivianas que transportaban dos kilos de cocaína ingerida. El juez Guillermo Díaz Martínez determinó que actuaron bajo amenazas y extrema pobreza, aplicando la figura de «estado de necesidad disculpante».
En una resolución que sienta un precedente sobre el eslabón más débil del narcotráfico, el Juzgado Federal N°1 de Tucumán dispuso la libertad inmediata de tres mujeres oriundas de Bolivia. Las jóvenes habían sido detenidas el pasado 26 de febrero en un control de Gendarmería en Trancas, tras detectarse que transportaban 166 cápsulas de cocaína en sus estómagos. Sin embargo, el juez Guillermo Díaz Martínez concluyó que las imputadas no deben ser castigadas penalmente, ya que fueron captadas y coaccionadas bajo amenazas contra sus hijos y una situación de vulnerabilidad económica extrema.
El caso se inició cuando efectivos del Escuadrón 55 interceptaron un colectivo en la Ruta 9. Las tres mujeres, de entre 24 y 32 años, viajaban hacia Mendoza. Tras ser trasladadas a un hospital, expulsaron casi dos kilos de droga. A pesar de la materialidad del delito, el fallo —que contó con el aval del Ministerio Público Fiscal— se apoyó en la Ley de Trata de Personas y tratados internacionales de derechos humanos (CEDAW), entendiendo que exigirles otra conducta bajo las amenazas recibidas superaba los márgenes de razonabilidad.
Los testimonios revelaron historias desgarradoras: una de ellas, vendedora de choclo, fue amenazada con daños a su hija en la escuela si no cumplía el encargo; otra buscaba costear la cirugía de su hijo de cuatro años; y la tercera intentaba pagar el tratamiento oncológico de su padre y la rehabilitación de su hijo accidentado. Todas coincidieron en haber sido captadas por una mujer apodada “Gladys”, quien las mantuvo retenidas en una casa bajo vigilancia antes de obligarlas a ingerir las cápsulas y cruzar la frontera por pasos ilegales.
La sentencia destaca que estas mujeres ocupan el sector más expuesto de las organizaciones narco: son migrantes, pobres y jefas de hogar. El juez remarcó que actuaron bajo un «estado de necesidad disculpante», donde el miedo y la falta de recursos anularon su capacidad de decisión. Además de ordenar su liberación, la Justicia dispuso investigar a la presunta captadora y fijó para el 22 de abril la destrucción del estupefaciente secuestrado.
Este fallo pone en relieve la necesidad de no criminalizar a las víctimas de trata que son utilizadas por las bandas criminales como mercancía humana. Mientras las tres mujeres regresan a su país bajo programas de asistencia, la Justicia Federal de Tucumán abre una nueva línea de investigación para dar con los verdaderos responsables de la logística narco en la región.
