El proceso judicial comenzará el 26 de octubre y se desarrollará a lo largo de 27 audiencias. Habrá tres imputados en el banquillo y más de 70 testigos declararán en la causa.
A casi diez meses del crimen que conmocionó a la sociedad tucumana, la causa por el femicidio de Érika Antonella Álvarez se encamina hacia el debate oral y público, cuya fecha de inicio fue fijada por el Poder Judicial para el próximo lunes 26 de octubre. El proceso se extenderá hasta mediados de diciembre, abarcando un total de 27 audiencias.
En el banquillo de los acusados se sentarán tres imputados. El principal señalado es Felipe «El Militar» Sosa, a quien la fiscalía acusa por el delito de homicidio agravado. Junto a él comparecerán Justina Gordillo y Jorge «Chicho» Díaz, ambos imputados por maniobras de encubrimiento.
La acusación fiscal y la estrategia de la defensa
De acuerdo con la hipótesis elaborada por el fiscal Pedro Gallo y la auxiliar fiscal Carolina Brito, el hecho ocurrió en la madrugada del 7 de enero en la localidad de Yerba Buena, cuando la víctima se dirigió a la vivienda de Sosa. La fiscalía sostiene que el principal acusado la golpeó con extrema violencia en la cabeza, el rostro y el cuello, causándole lesiones fatales, para luego trasladar y abandonar el cuerpo en un descampado de Manantial Sur.
Por este motivo, el Ministerio Público Fiscal solicitará la pena de prisión perpetua para Sosa. En la vereda opuesta, la defensa del imputado intentará sostener en el debate que la muerte de la joven se trató de un episodio accidental.
Por su parte, a Gordillo y a Díaz se les atribuye haber colaborado activamente en la limpieza de la escena del crimen, la desaparición del teléfono celular y de armas de fuego, y en facilitar la posterior fuga de Sosa hacia la provincia de Buenos Aires. Para ambos, la fiscalía requerirá una condena de seis años de prisión.
Testigos y próximos pasos procesales
El tribunal tiene previsto escuchar el testimonio de 70 personas a lo largo de las audiencias programadas. Entre los citados se encuentra Nicolás Navarro Flores, el cuarto involucrado en el expediente que ya recibió una condena en el marco de un juicio abreviado.
Asimismo, durante el debate los jueces deberán resolver la demanda de reparación civil, un planteo que quedó limitado exclusivamente a los padres de la víctima, luego de que los hermanos fueran excluidos de dicha acción legal.
