Ivana Vanesa Argañaraz, de 47 años, quedó detenida por 60 días en una causa en la que se investiga la compra de tres vehículos con cheques sin fondos. La Fiscalía sostiene que habría actuado junto a su pareja y otro hombre, mientras uno de los acusados permanece prófugo.
Una mujer de 47 años quedó detenida con prisión preventiva por 60 días en el marco de una investigación por una presunta estafa cercana a los $90 millones contra una concesionaria de vehículos de San Miguel de Tucumán.
La acusada es Ivana Vanesa Argañaraz, quien fue imputada como coautora del delito de estafa, en concurso ideal con el delito de pago de cheque sin provisión de fondos. De acuerdo con la investigación del Ministerio Público Fiscal, habría participado de la maniobra junto a su pareja, Jorge Omar Abraham, y José Benjamín Zavalía.
Según la acusación, el perjuicio económico se habría producido a partir de la adquisición de tres vehículos mediante la entrega de cheques que posteriormente fueron rechazados por falta de fondos.
La compra de los tres vehículos
La investigación sostiene que en enero de 2025 los tres acusados se presentaron en una concesionaria ubicada sobre avenida Néstor Kirchner al 3900.
De acuerdo con la Fiscalía, en el lugar se habrían presentado como titulares de negocios y propietarios de distintos bienes. También habrían mencionado otros emprendimientos que tendrían en común, con el objetivo de aparentar una situación económica que les permitiera concretar las operaciones.
En la concesionaria adquirieron una Volkswagen Amarok Extreme 4×4, un Toyota Corolla y un Peugeot 208 Style.
Para efectuar los pagos habrían utilizado cheques pertenecientes a INDI S.R.L., una empresa de la que Argañaraz poseía el 50% de las cuotas y cuyo objeto social está vinculado a un centro de diagnóstico neurofisiológico.
Según la hipótesis que sostiene la investigación, Argañaraz habría aportado la estructura societaria de la empresa y la chequera de la firma, además de firmar los cheques.
Por su parte, Abraham habría recibido los valores, los habría firmado y endosado a su nombre para posteriormente entregarlos en la concesionaria.
La Fiscalía también atribuye a Zavalía un rol dentro de la maniobra: habría concurrido al lugar como comprador, retiró dos de los vehículos y puso los cheques en circulación como medio de pago.
Sin embargo, cuando los valores fueron presentados para su cobro, fueron rechazados debido a la falta de fondos. Según la investigación, esa situación provocó un perjuicio patrimonial estimado en casi $90 millones.
Una detenida, un acusado capturado y otro prófugo
El avance de la causa derivó en nuevas medidas judiciales. El pasado 4 de septiembre, un juez había dispuesto declarar en rebeldía a los tres acusados y ordenar sus capturas a nivel nacional e internacional.
Argañaraz se presentó voluntariamente ante la Policía y quedó a disposición de la Justicia.
En tanto, Jorge Omar Abraham continúa prófugo.
Por otro lado, José Benjamín Zavalía fue detenido el 12 de septiembre en la ciudad de Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos, cuando presuntamente intentaba escapar hacia Uruguay. Durante ese procedimiento también fue secuestrada la Volkswagen Amarok.
Está previsto que Zavalía sea extraditado a Tucumán durante la próxima semana para quedar a disposición de la Justicia.
Durante la audiencia realizada por la causa, la representante del Ministerio Público Fiscal también señaló que todavía resta investigar la posible participación de Ramiro Petros, oriundo de Santiago del Estero.
60 días de prisión preventiva
La auxiliar de fiscal Daniela Briz Tomás formuló los cargos contra Argañaraz y solicitó que permaneciera detenida con el objetivo de resguardar la investigación y permitir el desarrollo de las medidas que todavía se encuentran pendientes.
La defensa de la mujer había solicitado que cumpliera la medida bajo la modalidad de arresto domiciliario. Sin embargo, el juez rechazó ese planteo y resolvió que Argañaraz permanezca bajo prisión preventiva durante 60 días.
La medida contempla su traslado a una dependencia del Servicio Penitenciario.
La investigación se encuentra a cargo de la Unidad Fiscal de Estafas, Usurpaciones y Cibercriminalidad II, dirigida por Diego Hevia.
