La denuncia de una madre en el sur de la provincia reveló una trama de manipulación digital. Adultos contactaban a menores a través de juegos en línea, ofreciendo beneficios virtuales para obtener imágenes privadas. Por la magnitud del caso y la detección de contactos internacionales, la causa ya está en manos del Juzgado Federal de Tucumán.
Una investigación por presunta corrupción de menores ha generado una profunda preocupación en el sur de Tucumán, derivando en un conflicto de competencia que terminó trasladando la causa al fuero Federal. El expediente describe un mecanismo de captación digital donde adultos, ocultos tras perfiles falsos, se infiltraban en plataformas de juegos para manipular a niños y adolescentes, exigiéndoles material íntimo a cambio de beneficios virtuales.
El caso se inició a partir de la denuncia de una madre, quien fue alertada sobre la existencia de videos que involucraban a un menor de su entorno familiar. Según la presentación judicial, el engaño se gestaba en comunidades de juegos en línea, donde los captadores ofrecían «recompensas» —como créditos o elementos estéticos para los personajes (skins)— para ganarse la confianza de las víctimas. Esta dinámica, que comenzaba como un intercambio aparentemente inofensivo, escalaba rápidamente hacia pedidos de contenido de extrema gravedad.
La investigación, asesorada por el abogado José Sánchez Martínez, detectó conversaciones y contactos con personas radicadas fuera de Tucumán, incluyendo números con prefijos internacionales. Ante la «afectación de bienes jurídicos de trascendencia interjurisdiccional», el fiscal Jorge Echayde y el juez Roberto Flores declararon la incompetencia de la justicia provincial. Ahora, el fiscal federal Rafael Vehils Ruiz y el juez Guillermo Díaz Martínez lideran el proceso para determinar el alcance real de esta organización.
Especialistas en delitos informáticos advierten que el uso de videojuegos como puerta de entrada para el grooming es una problemática creciente. La asimetría de poder y el anonimato de las redes facilitan la coerción. En este expediente, uno de los ejes fundamentales será la trazabilidad de las comunicaciones para identificar a los responsables, quienes operan moviéndose entre pantallas y fronteras difusas.
Mientras la causa avanza bajo estricta reserva para resguardar la integridad de los menores, el hecho vuelve a poner en agenda la importancia de la educación digital y el control parental. La Justicia Federal buscará establecer si existe una red organizada detrás de estos hechos, mientras se coordinan medidas de protección física y psicológica para los involucrados en esta alarmante trama digital.
