La Fiscalía de Homicidios logró extender la prisión preventiva de Navarro Flores y Jorge Díaz por 90 días. Se analizan comunicaciones «en código» y rastros biológicos en bolsas de consorcio.
La investigación por el brutal femicidio de Érika Antonella Álvarez (25), cuyo cuerpo fue hallado el pasado 8 de enero en un basural de Manantial Sur, sumó un capítulo judicial decisivo para evitar la impunidad. Durante una audiencia celebrada este miércoles 27 de mayo, la Justicia penal hizo lugar al pedido de la Unidad Fiscal de Homicidios I y prorrogó por tres meses la prisión preventiva de los dos principales acusados de encubrir el asesinato: Nicolás Navarro Flores (37) y Jorge Orlando “Chicho” Díaz (40). El magistrado interviniente rechazó de plano los planteos de la defensa y ordenó que ambos continúen tras las rejas en el complejo penitenciaria de Benjamín Paz, fundamentando el riesgo latente de entorpecimiento de la causa.
LAS PRUEBAS PENDIENTES Y EL ROL DE LOS ACUSADOS
La fiscalía, representada por la auxiliar Carolina Brito, expuso que el expediente penal aún se encuentra en una etapa crítica de producción de pruebas científicas e informáticas.
- Evidencia bajo la lupa: Restan concluir los peritajes genéticos (ADN) sobre restos biológicos hallados en bolsas y cintas adhesivas, el rastreo de las antenas de líneas telefónicas, la apertura de los celulares secuestrados y el peritaje de una caja fuerte oculta en un galpón.
- La situación de Navarro Flores: Complicado por sus propias declaraciones. Admitió haber auxiliado al presunto femicida, Felipe Sosa, el 7 de enero. Confesó que Sosa tenía tierra en las uñas, una pala en la mano y que le entregó bolsas negras junto a una caja con estupefacientes. Además, reconoció que hablaban «en código».
- La situación de Jorge Díaz: Ubicado por los investigadores en la escena del crimen a bordo de una camioneta de la empresa «Mundo Limpio». Aunque argumentó haber ido a buscar un teléfono olvidado, la fiscalía sostiene que colaboró activamente en la limpieza de la vivienda y la remoción de bultos.
La teoría del horror que reconstruye la Fiscalía
De acuerdo con la plataforma fáctica del Ministerio Público Fiscal, coordinada por el fiscal Pedro Gallo, el femicidio de Érika Álvarez se perpetró el 7 de enero de 2026 en el interior de una vivienda. El principal imputado, Felipe Sosa —con la presunta complicidad de terceras personas bajo proceso de identificación—, atacó con saña a la joven de 25 años, ocasionándole heridas mortales de extrema gravedad en la zona del cráneo, el rostro y la región cervical.
Inmediatamente consumado el asesinato, se activó una red de cobertura logística para hacer desaparecer los rastros. Allí es donde la justicia sitúa la intervención criminal de Díaz y Navarro Flores. Según la acusación, «Chicho» Díaz ayudó ese mismo día a acondicionar la escena del crimen, haciendo desaparecer el teléfono celular de la víctima y retirando bolsas de consorcio de gran tamaño para demorar el hallazgo del cadáver.
Sin el beneficio de la prisión domiciliaria
Durante el debate de la víspera, las estrategias de las defensas técnicas fueron dispares. Mientras el abogado de Navarro Flores no opuso resistencia al requerimiento de la fiscalía ante la contundencia de las admisiones de su cliente, la defensa de Jorge Díaz solicitó formalmente el cese de la prisión preventiva o, de manera subsidiaria, el otorgamiento de un arresto domiciliario.
Sin embargo, tras escuchar los argumentos de la acusación pública respecto a la gravedad del delito (encubrimiento agravado) y la necesidad de proteger a los testigos que aún deben declarar, el juez de garantías resolvió rechazar las pretensiones de la defensa. De esta manera, ambos presuntos encubridores cumplirán la extensión de la medida cautelar bajo el régimen de máxima seguridad de Benjamín Paz, con un plazo técnico que vencerá a fines de agosto, fecha para la cual la fiscalía pretende elevar la causa a juicio oral y público.
