Un informe satelital detalla el impacto del cambio en el uso del suelo. Expertos advierten sobre la pérdida de biodiversidad, el aumento de inundaciones y la falta de actualización en las leyes de protección.
En el transcurso de la última década, comprendida entre 2015 y 2025, la provincia de Tucumán sufrió la pérdida de 37.000 hectáreas de cobertura arbórea —toda aquella vegetación que supera los cinco metros de altura—, una superficie que equivale a cuatro veces la extensión total de San Miguel de Tucumán.
Los datos se desprenden de Global Forest Watch, una plataforma interactiva de monitoreo satelital que advierte sobre el impacto ambiental de este proceso: la destrucción de la masa forestal provocó la emisión de 9,1 megatoneladas de dióxido de carbono, un gas de efecto invernadero cuyo volumen equivale a las emisiones anuales de más de dos millones de vehículos particulares.
A diferencia de lo que suele suponerse, ni los incendios forestales ni la urbanización son los principales detonantes en territorio tucumano. De acuerdo con los registros, casi el 94% de las hectáreas arrasadas responden al avance de la agricultura permanente.
El este tucumano, la zona más castigada
El impacto de la deforestación ha tenido epicentro en el este provincial. Los departamentos que concentran las mayores pérdidas son Burruyacú (9.300 hectáreas), Graneros (6.900 hectáreas) y Leales (4.600 hectáreas), jurisdicciones que en conjunto explican el 56% de todo el retroceso forestal de la provincia.
Una perspectiva de largo plazo relevada por la plataforma entre 2000 y 2020 marca que, si bien Tucumán ganó unas 23.315 hectáreas de vegetación, perdió 103.382, arrojando una pérdida neta cercana a las 80.000 hectáreas. En ese lapso, todos los departamentos sufrieron mermas, a excepción de Tafí del Valle, que registró un balance positivo.
El motor agropecuario y el impacto ecológico
Para el doctor en Ciencias Sociales e investigador David Montenegro, la problemática responde a un “problema estructural muy grave” impulsado por el monocultivo de la soja y la expansión agropecuaria. Según sus estudios, la superficie cultivada se triplicó entre 1976 y 2024 a costa de más de 300.000 hectáreas de bosque chaqueño nativo, generando una fragmentación crítica del ecosistema.
Entre las consecuencias directas de este proceso figuran la pérdida masiva de biodiversidad, la alteración de la regulación térmica e hídrica, y el incremento de las inundaciones en el este provincial. Ante la aparente desaceleración actual de los desmontes, Montenegro advierte con escepticismo que esto no se debe al éxito de las políticas de conservación, sino al «agotamiento físico del territorio», ya que queda muy poca frontera boscosa accesible para talar.
Normas desactualizadas
El marco regulatorio local, regido por la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (Ley 8304) desde 2010, ha recibido fuertes críticas por haber llegado «tarde» y por mantener categorías que habilitaron administrativamente la mayor parte de los desmontes. Asimismo, el investigador cuestionó que las áreas de bosques y áreas protegidas continúen bajo la órbita de Desarrollo Productivo, lo que subordina la preservación ambiental a las prioridades económicas.
Para revertir la degradación, los especialistas insisten en la urgencia de actualizar el ordenamiento territorial, implementar un monitoreo geoespacial efectivo contra la tala ilegal y fomentar estrategias de desarrollo local con participación de comunas rurales y cooperativas campesinas.
