A través de un amparo colectivo, exigen la suspensión inmediata de los embargos a más de 700 trabajadores provinciales afectados por cláusulas abusivas y pagarés preconstituidos.
Una asociación de consumidores presentó ante la Justicia salteña una demanda colectiva que incluye una medida cautelar para suspender todos los embargos de sueldo promovidos por una cadena de electrodomésticos con sede en Rafaela, Santa Fe. La acción legal, acompañada por el pedido de una fuerte multa civil, pone bajo la lupa operaciones financieras con tasas de interés que escalaron hasta el 733% anual.
De acuerdo con la acción de consumo impulsada por la entidad Protectora —representada por el abogado Daniel Paganetti— y radicada en el Juzgado en lo Civil y Comercial de Quinta Nominación, la firma Bazar Avenida habría otorgado más de 700 préstamos a trabajadores, en su mayoría empleados del Estado provincial en la ciudad de Salta. Los intereses aplicados superan «más de cinco veces la tasa máxima del Banco Central para operaciones similares», remarcaron desde la organización.
La ruta de la prueba y los casos testigos
El esquema abusivo quedó al descubierto a partir de los propios documentos que la empresa aportó al fisco provincial. Según la demanda, los datos surgen de las declaraciones juradas del Impuesto de Sellos presentadas ante la Dirección General de Rentas (DGR) de Salta, donde la firma declaró 357 operaciones de préstamo en mayo de 2024 y 364 en junio del mismo período, acumulando percepciones por más de $8,9 millones en solo dos meses.
En el escrito judicial se detallan dos casos testigos que ilustran la operatoria:
- José O. C.: Recibió un préstamo de $450.000 y firmó un pagaré por $2.395.035 —más de cinco veces el capital recibido— con una Tasa Efectiva Anual (TEA) del 733,50%, sobre cuyos haberes ya pesa un embargo.
- Socorro F. C.: Tomó un crédito por $248.000 y firmó un documento por $1.319.930,40, con una TEA del 710,02%, enfrentando actualmente una sentencia de remate.
Pedido de nulidad, daños punitivos y vía penal
Fundamentada en el histórico precedente «Halabi» de la Corte Suprema de la Nación sobre derechos de incidencia colectiva, la demanda solicita la nulidad de las cláusulas de intereses de todos los contratos celebrados por la empresa en la provincia, la suspensión inmediata de los procesos ejecutivos y el cese de los descuentos salariales mientras dure el litigio. Asimismo, se reclamó una multa civil por cerca de $1.000 millones en concepto de daños punitivos.
Por otro lado, la entidad requirió que el juzgado civil de intervención dé aviso al fiscal penal de turno, recordando que la legislación argentina tipifica la usura como delito con penas de hasta seis años de prisión cuando se ejerce de manera profesional.
“La empresa diseñó el producto para que el trabajador no pueda defenderse en el juicio ejecutivo. El pagaré preconstituido bloquea las defensas causales. Es un mecanismo legal, pero con tasas ilegales”, advirtió el abogado Paganetti, remarcando que el universo de afectados supera los 700 salteños identificados por la propia compañía en sus registros fiscales.
