Con un nivel de irregularidad que supera el promedio nacional, el parlamento provincial debate diferentes iniciativas que van desde tasas preferenciales y topes en los descuentos salariales hasta planes de refinanciación integral.
La Legislatura de Tucumán puso bajo análisis más de media docena de proyectos orientados a contener y aliviar el endeudamiento de los hogares tucumanos, en un escenario económico crítico donde más de 257.000 familias registran deudas en situación irregular. Las iniciativas en debate contemplan desde líneas de crédito para la refinanciación de obligaciones hasta topes en los descuentos salariales y límites a las tasas de interés.
La problemática cobró urgencia debido al incremento de la morosidad en el distrito. De acuerdo con un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), elaborado a base de datos del Banco Central, el incumplimiento en Tucumán se aproxima al 19%, superando el promedio nacional y ubicando a la provincia como la sexta jurisdicción con mayor nivel de irregularidad (contabilizando atrasos superiores a los 90 días).
El debate legislativo y los plazos
Si bien en un principio se evaluó incluir alguna de las alternativas en la sesión prevista para el miércoles 30 de septiembre, fuentes parlamentarias anticiparon que la discusión central podría trasladarse al debate programado para el 8 de octubre. El propósito de esta postergación es lograr un texto consensuado y de mayor alcance que contemple tanto a los trabajadores de la administración pública como a los del sector privado.
Las propuestas sobre la mesa llevan las firmas de legisladores de distintos espacios políticos —como Gerónimo Vargas Aignasse, Carlos Gallia, Alberto Olea, Ernesto Gómez Rossi, Silvia Elías de Pérez, Alfredo Toscano, Claudio Viña y Rolando Alfaro—, además de aportes presentados por entidades de consumidores y cooperativas. En términos generales, los proyectos apuntan a preservar la porción alimentaria de los ingresos, abaratar el financiamiento y promover la educación financiera.
Las principales iniciativas en disputa
- Régimen para empleados estatales (Alfredo Toscano): Propone un sistema especial para trabajadores provinciales y de organismos con ingresos de hasta seis salarios mínimos. Incluye financiamiento a tasa cero para cancelar saldos de tarjetas de crédito del Banco Macro (agente financiero oficial) y fija un tope del 25% para las retenciones salariales.
- Protección del salario (Gerónimo Vargas Aignasse): Busca regular los descuentos directos por planilla para empleados públicos. Establece que el costo financiero total no supere la inflación interanual más 10 puntos porcentuales, y que el total de los compromisos descontados no afecte más del 30% del salario neto.
- Programa Provincial de Alivio (Alberto Olea): Una de las iniciativas de mayor alcance, diseñada para residentes con ingresos de hasta 10 salarios mínimos (tanto públicos como privados, monotributistas, autónomos y jubilados). Contempla una línea de crédito preferencial con una Tasa Nominal Anual (TNA) máxima del 35%, un plazo de hasta 36 meses y cuotas acotadas al 25% de los ingresos netos, además de asistencia interdisciplinaria gratuita.
- Propuestas de consumidores y cooperativas: La Unión de Usuarios y Consumidores y el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos impulsan un régimen administrativo gratuito para reestructurar obligaciones mediante audiencias de conciliación, sumado a la creación de una Red Provincial de Puntos de Atención descentralizados en los 19 municipios y 93 comunas.
El resultado de las deliberaciones en la Legislatura definirá no solo las herramientas de salvataje para quienes ya arrastran deudas impagas, sino también el nuevo esquema regulatorio sobre los márgenes de descuento y los costos financieros en el mercado local.
