3 octubre, 2026
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La jueza Jimena Suárez dispuso que Jorge «Chicho» Díaz espere el juicio en su casa tras fijar una caución de $20 millones. La causa contra Felipe Sosa y Justina Gordillo se encamina hacia la etapa de debate oral.

Mientras se definen los detalles del juicio oral por el femicidio de Érika Antonella Álvarez en Tucumán, la Justicia resolvió otorgar el beneficio del arresto domiciliario a otro de los imputados por encubrimiento. La jueza Jimena Suárez dispuso que Jorge “Chicho” Díaz aguarde el debate desde su vivienda, imponiéndole además una caución económica de 20 millones de pesos.

Díaz se encuentra procesado junto a Justina Gordillo —funcionaria judicial y expareja del principal acusado, Felipe “El Militar” Sosa—, quien también cumple prisión preventiva en su domicilio, aunque bajo una caución de $30 millones y con monitoreo de tobillera electrónica. A pesar de la oposición planteada por el fiscal Pedro Gallo y el querellante Carlos Garmendia, la defensa argumentó la inexistencia de riesgos procesales o peligro de fuga.

Avances hacia el juicio oral y detalles de la causa

De acuerdo con la información judicial, la causa transita las audiencias preparatorias para establecer las pruebas que llegarán al debate oral, un proceso que se estima podría concretarse antes de fin de año. En paralelo, otro de los involucrados, Nicolás Navarro Flores, ya recibió una pena de tres años de prisión a través de un juicio abreviado.

El femicidio ocurrió el 7 de enero en una vivienda de Yerba Buena, donde la víctima sufrió graves agresiones físicas antes de ser asesinada. Su cuerpo fue hallado al día siguiente en un basural de Manantial Sur.

Durante las audiencias previas, la investigación incorporó peritajes fílmicos del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), los cuales detallaron el recorrido de la camioneta Volkswagen Amarok utilizada para descartar el cuerpo, buscando eludir sectores con cámaras de seguridad. Asimismo, la defensa del principal acusado planteó un recurso que apartó a los hermanos de la víctima del reclamo civil, mientras continúan las jornadas para definir el alcance definitivo de las pruebas rumbo al debate.

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