La Corte Suprema fijó la fecha de entrada en vigencia de la ley que transforma a estas dependencias en verdaderos centros de atención primaria, evitando largos traslados hacia los centros urbanos.
En el mapa de gestión actual de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, los Juzgados de Paz comenzaron a tomar un rol más estratégico y se están convirtiendo en Centros de Atención Primaria de Justicia, algo que la ciudadanía venía reclamando desde hace años para evitar largos viajes y esperas, sobre todo para quienes no tienen cerca un centro judicial.
La meta de fondo de este plan que lleva adelante el Alto Tribunal no es solo edilicia, sino institucional: evitar que un vecino del interior deba recorrer decenas de kilómetros hasta la Capital o los centros urbanos para resolver litigios cotidianos o gestionar trámites urgentes. Este cambio de paradigma responde a una necesidad territorial concreta, donde la distancia con los tribunales principales operaba como una barrera para la tutela judicial efectiva.
Para sostener materialmente esta transformación, la Corte estructuró un plan de intervención que combina la regularización funcional con un ambicioso programa de obras que ya registra 55 intervenciones en distintos puntos de la provincia, incluyendo 20 obras nuevas finalizadas y 28 refacciones en dependencias ya existentes.
El salto operativo a partir de noviembre
La descentralización más sustancial se concretará a partir del 1 de noviembre, fecha fijada por el Alto Tribunal mediante la Acordada Nº 734/26 para la implementación de la Ley Nº 9987. Esta normativa otorga a los Juzgados de Paz Letrados la facultad de tramitar procesos de divorcio y resolver sobre el régimen comunicacional provisorio de niños, niñas y adolescentes.
Para cumplir con este objetivo, el proceso requirió un esquema previo de capacitación obligatoria para funcionarios y empleados, la adaptación del sistema informático y la confección de formularios estandarizados. Si bien las disputas patrimoniales complejas o los regímenes de fondo continuarán bajo la órbita de los Juzgados de Familia especializados, esta intervención primaria en el territorio permitirá ordenar las urgencias vinculares e iniciar las demandas directamente en cada municipio.
