3 octubre, 2026
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Según un sondeo de Management & Fit, casi el 72% de las familias con dificultades financieras debe pedir préstamos formales o informales, mientras que el impacto golpea con fuerza a los jóvenes.

El endeudamiento en los hogares argentinos se ha convertido en una espiral descendente impulsada por la dificultad de llegar a fin de mes. Según datos del Monitoreo de Opinión Pública de la consultora Management & Fit, más de la mitad de las familias en el país atraviesa problemas económicos cotidianos, y dentro de ese sector, el 71,9% se ve obligado a contraer deudas tanto en el sistema financiero formal como en el informal.

El mapa de las deudas muestra distintas etapas y modalidades:

  • Tarjetas de crédito: Encabezan la lista de compromisos financieros de las familias, funcionando en muchos casos como un recurso de urgencia para cubrir gastos básicos de alimentación o servicios.
  • Créditos y billeteras virtuales: Al agotarse el margen bancario, se recurre a adelantos mediante aplicaciones o créditos personales, frecuentemente con altas tasas de interés.
  • Préstamos informales: La red familiar y de amistades actúa como último soporte cuando el sistema financiero formal se cierra.

El impacto en los jóvenes y la morosidad récord

El fenómeno afecta con mayor crudeza a los sectores juveniles. De acuerdo con los análisis del sector, el 40% de las personas entre 18 y 30 años que accedieron a un préstamo presentan inconvenientes para cancelarlo, una situación agravada por la precariedad laboral y la facilidad para obtener dinero digital. Esta dinámica deriva habitualmente en intimaciones de pago, recargos punitivos y la consecuente inclusión en registros de morosidad como el Veraz.

Por su parte, las entidades bancarias optan por ofrecer esquemas de refinanciación con plazos más largos en lugar de condonaciones, con el fin de evitar incentivos negativos en el cumplimiento de pagos. Sin embargo, los especialistas advierten que estas herramientas actúan de manera transitoria si no se recompone de forma sostenida el poder adquisitivo y el salario real de los trabajadores.

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