En una sesión tensa y dividida, el Concejo Deliberante aprobó la ordenanza que exige controles toxicológicos a intendentes y ediles. La norma busca garantizar la idoneidad de los gobernantes, permitiendo una instancia de rehabilitación ante un primer positivo, pero estableciendo la destitución en caso de reincidencia.
La política en Yerba Buena vivió este jueves un hito cargado de polémica. En una votación que reflejó la profunda división del cuerpo deliberativo, el Concejo Deliberante aprobó la implementación del narcotest obligatorio para la planta política municipal. La paridad 5 a 5 forzó al presidente del cuerpo a utilizar su voto de desempate, definiendo la suerte de una iniciativa que promete cambiar la dinámica de la gestión en la «Ciudad Jardín».
El proyecto, que fusiona los textos presentados por los concejales Mauricio Argiro y Gabriela Garolera, alcanza a todo el Departamento Ejecutivo —incluyendo al intendente y secretarios— y a la totalidad de los miembros del Concejo. Para Argiro, uno de los principales impulsores, la medida busca erradicar la indiferencia frente a los consumos problemáticos en el poder: «Alguien que no esté en sus cabales no puede tomar decisiones que afectan la vida de todos los ciudadanos», había sentenciado horas antes de la votación durante una entrevista televisiva.
La norma no fue concebida como un mecanismo de persecución, sino bajo una lógica de «responsabilidad institucional». Según lo establecido, el sistema aplicará testeos aleatorios y sorpresivos a los funcionarios. En caso de detectarse el consumo de sustancias, la ordenanza contempla un enfoque dual: un primer resultado positivo disparará una licencia obligatoria destinada a la rehabilitación, mientras que la reincidencia activa derivará en sanciones administrativas severas que llegan hasta la destitución del cargo.
Con esta decisión, Yerba Buena se posiciona a la vanguardia de un debate que suele esquivarse en las esferas provinciales. La apuesta de los ediles es, fundamentalmente, de carácter simbólico y preventivo: blindar la toma de decisiones frente a cualquier condicionamiento derivado de adicciones y establecer un estándar de idoneidad ética para quienes ocupan espacios de poder. Ahora, el desafío recaerá en la implementación efectiva de los controles y en cómo responderá la clase política ante esta nueva exigencia de transparencia ciudadana.
